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Un informe demoledor contra Sinergy

Los administradores señalan cronológicamente los incumplimientos de la sociedad italiana y ofrecen cinco razones claras para quitarle la gestión del Cádiz CF LA VOZ accede al documento en el que los concursales piden la suspensión del Consejo

Escrito por JOSÉ MARÍA AGUILERA / RUBÉN LÓPEZ el 2013-12-05 00:43:36
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El pasado 27 de noviembre, hace justo una semana, los administradores concursales del Cádiz exigían a la jueza de lo mercantil la suspensión de las funciones de gestión del Consejo de Administración del Cádiz. En un documento de 16 páginas, firmado por Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente y José Luis Molina, se resume pero con muchos detalles la situación actual del club y todos los problemas acaecidos desde la pasada temporada, siempre desde la visión del Concurso de acreedores.

LA VOZ ha tenido acceso a este informe demoledor con la labor de Sinergy, durísimo, enormemente crítico con su trabajo. Pide la modificación de las facultades del deudor, que pase de intervención a suspensión (amparándose en el artículo 40.4 de la Ley Concursal), y su argumentación se basa en cinco puntos: «La inexistencia de un proyecto empresarial sólido, la ausencia de participación eficaz en la gestión diaria y efectiva de la mercantil -con más del 50% de los miembros del Consejo residiendo fuera de España-, la existencia de intereses contrapuestos» (por ejemplo, denuncia de Antonio Manzano sobre la sociedad que preside su padre Florentino), «la delicada situación financiera y la constante incertidumbre por la repercusión mediática» y por la publicación de la subasta por parte de Antonio Muñoz.

Esta solicitud de suspensión «tiene carácter provisional» y se levantaría «si se dieran las circunstancias de estabilidad, cohesión y responsabilidad». De esta forma se restituirían las facultades a los consejeros.

Cronológicamente, los administradores recogen todos los pasos que se han dado desde el inicio de este año natural. Destacan el déficit por los «adversos resultados deportivos y económicos del ejercicio 2012-13». Hasta abril Sinergy aportó de su bolsillo 180.000 euros, insuficientes para «dar cobertura el déficit presupuestario producido». El 29 de mayo, el Cádiz suscribe un contrato de colaboración con Regent, representada por De Bono, que «permitía una financiación de 650.000 euros, de los cuales 150.000 fueron abonados» antes de abril. «El resto quedó aplazado al 30 de junio y 30 de septiembre a razón de 250.000 euros en cada vencimiento y con garantía a través de la entidad asegurado Ascomediterránea».

Y aquí empiezan los verdaderos problemas, los incumplimientos. «Regent incumplió su obligación el 30 de junio, requiriéndose de pago a la entidad avalista sin que ésta llegara a atender la obligación asumida en virtud del aval». Por ello, el 15 de julio los concursales se niegan a empezar la nueva temporada hasta que no se abone ese plazo. De ahí que no confirmaran los contratos de los nuevos jugadores. Y pide la elaboración de un presupuesto para esta campaña «limitado a 3.220.000 euros».

Con esta medida, logran que Regent abonen «mediante dos ingresos de 50.000 euros la cantidad de de 100.000. Asimismo, el 22 de julio entregó dos pagarés por importe total de 150.000: un primer pagaré de 70.000 y un segundo de 80.000, completando los 250.000» prometidos un mes antes.

Y aquí los administradores denuncian una grave irregularidad. «Los referidos pagarés fueron no obstante devueltos y la administración concursal no fue informada de este nuevo incumplimiento». Desconfianza absoluta.

Entonces aparece en escena Filippo Macchi como nueva tercera pata de Sinergy, junto a De Bono y Silvestrini, para dar «cobertura financiera a los incumplimientos de Regent». Abona «118.000 euros de los 150.000 adeudados», cantidad que aumenta «por el ingreso y posterior devolución de los pagarés». Quedan pendientes a 18 de septiembre «37.315,45 euros».

Llega el 30 de septiembre, y el incumplimiento del segundo plazo de Regent. Macchi asegura que abonará esa deuda en cinco pagos quincenales de 50.000 euros cada uno hasta el 5 de diciembre (el italiano no ha vuelto a dar noticias). Tampoco se ha aprobado el presupuesto de la temporada pese a que llevan dos meses requiriendo, «a la espera de suscribir un convenio con la Roma y un acuerdo con Graziella, participada por el padre de Macchi».

Entonces responden los administradores, cada vez más contundentes en sus exigencias. Critican la devolución de los dos pagarés, que «suponía un grave incumplimiento... que se habría llevado a cabo mediante la utilización de una estrategia basada en la ocultación de información a la administración concursal». Señalan que «la falta de aprobación de un presupuesto impedía a la administración el adecuado control e intervención de operaciones y el retraso ponía en grave riesgo la continuidad» del club. Por eso le fija un «improrrogable plazo» el 30 de octubre. A su vez, reflejan que se enteran «a través de la prensa» del convenio con el Fluminense y de que hay dos brasileños en Cádiz, además del viaje de los cuatro canteranos a Roma.

Las palabras no son suficientes. Ese día mandan un burofax al Consejo para exigir que en diez días se elabore el presupuesto, se ejecuten los avales de Ascomediterránea, se informe sobre los compromisos adquiridos con Macchi y, como novedad, la «asunción» de los gastos derivados por dar de alta en la plantilla del Cádiz a Antonio Manzano y Jesús Pérez después de la Inspección de trabajo. Ellos ponen una demanda de 118.050 euros.

La directiva, en la reunión del 14 de noviembre, responde mediante otro escrito. Ni se aprobó el presupuesto ni se iniciaron acciones judiciales para cobrar la garantía de Asco. Ahora Macchi no puede «atender con fecha cierta» la deuda y se informa de un contrato de «cesión de instalaciones para organización de eventos no deportivos» a nombre de este italiano por el que se promete un ingreso «fijo de 400.000 euros más la variable del 5% sobre la rentabilidad de cada evento». Esto «sin la intervención» de los concursales.

La gota que colmó el vaso fue el «anuncio de subasta de acciones». Con este nuevo conflicto de intereses y la incertidumbre, el 27 de noviembre decidieron tomar esta medida drástica. Probablemente, la jueza ratificará su exigencia.

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